Hasta ahora los anuncios del Gobierno del “paquete fiscal” para combatir al covid-19 y evitar el colapso económico son mayores a la realidad de los números del presupuesto.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, el presupuesto total para combatir el Covid-19 es de 4,1% del Producto bruto interno (PBI), equivalente a 1.148.666 millones de pesos (al 28/04).
De ese total, hay recursos que se aplican a gasto público y efectivamente van directo al “bolsillo” de los beneficiarios, como ser bonos a jubilados y AUH, tarjeta alimentaria y el salario complementario. Otros son transferencias a las provincias del Gobierno Nacional.
También hay otras partidas presupuestarias que son parte del fondeo del plan de créditos para las PyMEs (el Fondo de Garantía Argentino-FOGAR ).
Por último, hay otras partidas que son principalmente del aérea de Salud, que específicamente se giran para acondicionar la infraestructura del los hospitales (e incluye el equipamiento de los sanatorios).
Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la parte del “paquete fiscal” que impacta directamente en el bolsillo de los beneficiarios (sumadas a las del área de salud) ascienden a 2,1% del PBI. Un total de 576.000 millones de pesos.
Sin embargo, en dicho calculo se consideran el aumento del gasto de casi $109.000 millones por el plan de obras viales, parques industriales, y el relanzamiento del plan Pro.cre.ar ( por un monto de $6.000 millones). Todos planes que ni se han puesto ni siquiera en marcha aún y que llevará varios meses implementar. Por lo cual, el paquete fiscal que efectivamente se está ejecutando es de 1,7% del PBI.
Pero con la aclaración de que esa ejecución se viene realizando lentamente. Por ejemplo:
— El ATP (pago del 50% de los salarios por parte del Estado) recién empezará a erogarse a partir de la semana próxima, desde el 5 o 6 de mayo. El Estado, estiman fuentes oficiales, deberían pagar unos 23.000 pesos promedio (el plan tiene un piso de un salario mínimo y un tope de 2 salarios mínimos) a unos 3 millones de trabajadores de empresas privadas. Es una carrera contra reloj para que los trabajadores puedan comprar en las dos primeras semenas de mayo: la AFIP debe terminar de aprobar a las empresas que se presentaron (hasta ahora se aprobaron 180.000 de más 450.000 que solicitaron el subsidio), y la Anses debe transferir los fondos a los CBU de los trabajadores.
— Los créditos a tasa cero de hasta 150.000 pesos (en tres cuotas) para monotributistas y autónomos también recién estarían disponibles a partir de la semana próxima (a partir del 6 o 7 de mayo). En el Gobierno calculan, por el cruzamiento de datos de la base de AFIP, que hay más de 1 millón de monotributistas y autónomos en condiciones de recibirlos. De esos créditos, el costo fiscal estimado es de $11.000 millones (ver gráfico) porque ése es el subsidio a la tasa de interés (se le paga 15% a los bancos) que asume el Fondo de garantía estatal (Fondep). Los créditos en sí se realizan con liquidez de los bancos, que además tienen la garantía estatal en el caso de incobrabilidad.
— En el caso del ingreso familiar de emergencia (IFE), que implica un pago de 10.000 pesos, hasta ahora el subsidio llegó a unos 3 millones de personas, de los casi 8 millones que fueron aprobadas. El problema es que de los 5 millones de IFE que quedan pendientes, casi 4 millones corresponde a gente que cobra en efectivo, que se empezaría a pagar a partir del 5 o 6 de mayo, pero en el propia Anses admiten que podría demorarse hasta junio.
Si lo comparamos como planes de países desarrollados o los países de la región, es un paquete “austero”. Estados Unidos ha impulsado un estímulo fiscal de 10% PBI. Alemania dio un estímulo fiscal de 4,5% del PBI. En Chile el gobierno impulsa un programa fiscal de 4,7% del PBI y en Brasil de 3,5% de PBI.
El Gobierno no tiene mucho margen para financiar el déficit fiscal. No tiene acceso al crédito internacional, está en una carrera contrarreloj para evitar el default y el crédito interno es muy escaso. No tiene otra vía que financiarlo con emisión monetaria.
La magnitud del paquete fiscal para enfrentar la pandemia dependerá directamente de la duración de la cuarentena . Es muy probable, por ejemplo, que el Ingreso familiar de emergencia (IFE) se vuelva a otorgar por otro mes. En ese caso se incrementaría en casi $90.000 millones mensuales el gasto. Esto es equivalente a 0,36 % del PBI mensuales. Si se “estirara” la cuarentena por 3 meses más, el costo fiscal se elevaría a 1% del PBI extra.
El resto el paquete económico, equivalente a 2% del PBI (571.000 millones de pesos), tiene como destino el fondeo para otorgar financiamiento a PyMEs (la línea especial del 24% anual ) y créditos a tasa cero para trabajadores del régimen simplificado y trabajadores autónomos.
Vale señalar que de los $ 350.000 millones que se anunciaron inicialmente para el financiamiento a PyMEs para el pago de salarios, según información oficial, sólo se aprobaron $ 120.596 millones. Es decir, un tercio de los créditos anunciados.
Por lo cual, aún considerando que el crédito a tasa cero para trabajadores monotributistas y autónomos se otorgue a 1 millón de personas (a un promedio de 100.000 pesos por crédito), habría otros $ 100.0000 millones adicionales de crédito. En total, entre los préstamos a PyMES, monotributistas y autónomos, sumarían unos 220.000 millones, algo menos de 1 punto del PBI.
En resumen, el paquete total para combatir al covid-19 (hasta el momento) sería del orden de 2,7% del producto bruto interno (1,7% estímulo fiscal directo y 1% en créditos a empresas y trabajadores).
Fuente: PlanM.com.ar
