“Se evalúa seriamente. Y será decisión final del board”. Desde Washington, la frase responde a la pregunta sobre si el Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptaría un nuevo acuerdo con la Argentina que incluya algún tipo de desembolso; y no, como se pensaba en un primer momento, un simple acuerdo de plan de pagos a comenzar a liquidar desde 2024 o 2025. Y ello, incluso sin reclamarle al Gobierno de Alberto Fernández ajustes extras a lo ya hablado entre Martín Guzmán y Kristalina Georgieva.
La visión del Fondo es que un dinero extra desde Washington sería factible de otorgar y útil para enfrentar este desafío clave. Además, se cree, Guzmán está de acuerdo. Para que el dinero desde el FMI se pueda utilizar con este fin, aunque sea de manera indirecta (liberaría dólares destinados según el presupuesto para otros compromisos), resultaría imprescindible que Guzmán cumpla con la reducción del déficit en 2021; pero el FMI no se metería en la manera en que el Gobierno cumpla esa meta fundamental.
Ahí es donde desde Economía deberá aplicar su magia, más en año electoral. Los números que figuran en el Presupuesto hablan de una mejora sustancial en la recaudación impositiva, fruto de la reactivación en la comparación con el año más dramático del país. A ello habrá que sumar mayores ingresos por mejoras en los números de los commodities y el mantenimiento de todo el elenco impositivo disponible en la actualidad, o, incluso, con una leve mayor presión.
El otro escenario de mejora fiscal que imagina Guzmán, es que 2021 no será un año de generosidad fiscal, ni en obra pública ni en grandes despliegues de gastos sociales. Como primera medida, ya están avisados los gobernadores de que en el legislativamente electoral 2021 deberán arreglarse con la venta de sus propios pergaminos de gestión. Guzmán habla también de otro capítulo importante de reducción del gasto sin avanzar en ajustes estructurales: la discontinuidad de los planes IFE y ATP y su mutación en otro tipo de ayudas.
Sobre la cantidad de dinero que el país podría pedir, hay dos opciones. La fuente más fácil son los fondos que el FMI tiene disponibles para la emergencia generada por el covid-19, y que sólo por ser socio activo y tener las cuotas con el organismo al día (milagrosamente Argentina las tiene) cualquier país podría acceder. La ventaja de este fondo es que no requieren metas fiscales o monetarias para su otorgamiento, y el destino para el que el país los usaría (disminuir los desequilibrios fiscales generados por las ayudas sociales para enfrentar la pandemia) sería fácilmente aprobado por el Fondo. Le corresponderían al país unos u$s3.500 millones, los que, para reducir aquel 60% de emisión monetaria, son maná del cielo. Argentina entraría perfectamente en esta última definición, y su repago sería en condiciones aún más cómodas que la negociación con el stand by. Se cruzarían además con los otros fondos que, tal como adelantó este diario, el país negocia con el Banco Mundial y el BID y que podrían sumar más dólares para reducir la emisión.
La otra fuente de fondos que podría tener disponible Argentina con el FMI es más compleja de aceptar. Tanto para el país como para el organismo. Son los aproximadamente u$s13.000 millones que aún restan liquidar del stand by firmado por Mauricio Macri en septiembre de 2018.
Fuente: Carlos Burgueño – Ambito Financiero
