Las empresas del país, especialmente las pequeñas y medianas, se están viendo muy afectadas por las medidas de aislamiento social para la prevención del coronavirus. En comparación con las grandes compañías, las pyme cuentan con menos recursos para soportar el freno abrupto en los flujos de caja. Además, gran parte de ellas se encuentra afuera del sistema financiero, lo que dificulta la obtención de la asistencia crediticia impulsada por el Gobierno.
Durante las dos primeras semanas de cuarentena, la parálisis de la actividad evidenció el gran impacto negativo, el cual seguirá avanzando al compás del confinamiento. El viernes, el Gobierno anunció la extensión de la medida por dos semanas más (por ahora), lo que hace prever el prolongamiento y la profundización del deterioro del sector productivo.
“De continuar la tendencia observada, aumentará la mortalidad de las empresas por la falta de liquidez y a las restricciones sistémicas para una eficiente implementación de las medidas de estímulo”, advirtieron desde la consultora Analytica, que en base a los datos del Ministerio de Trabajo y del Banco Central afirmó que una pyme promedio puede sobrevivir sin crédito y pagar salarios sólo por tres semanas, mientras que las compañías de mayores volúmenes pueden soportar hasta catorce semanas (tres meses y medio).
En consecuencia, de acuerdo con Analytica, en ausencia de capital líquido y de créditos, las pequeñas y medianas empresas del país se enfrentan tres opciones en este momento: dejar de pagar los salarios a sus empleados, recortar su nómina o cerrar. Cabe recordar que, tras los despidos anunciados en Techint, el 1° de abril el Gobierno decretó la prohibición de los despidos durante sesenta días. Y, en caso de hacerlo tras caducar esta medida, la empresa deberá indemnizar al empleado por el doble de lo correspondiente, tal como lo impuso el Gobierno tras su asunción, lo que complica aún más la situación de las pyme.
“Por cada 10.000 pyme que mueren (sólo el 3% de las están en situación crítica), el desempleo aumenta tres puntos”, sostuvo la consultora en su último informe, en el que apuntó que estos datos no hacen más que ilustrar la necesidad de acelerar la implementación de las medidas de asistencia por parte del Gobierno, especialmente las relacionadas con el crédito. “Si esto no sucede, la recuperación posterior no tendrá forma de ‘V’, sino de ‘U’, con fuertes efectos sobre el stock de capital de la economía”, estimó.
“La quiebra de empresas implica destrucción de capital físico. El despido de trabajadores, de capital humano. Una recesión como la que se vislumbra supone inevitablemente estas pérdidas de tipo permanente. Esto a su vez implica una recuperación lenta de la actividad una vez superada la pandemia”, sostuvo, e indicó que esta recesión posiblemente tendrá un impacto menor a la de la crisis de 2001-2002, pero también involucrará la destrucción de stocks. “Incluso, si la negociación de la deuda resultara exitosa, la sequía de caja implica el cierre de empresas y/o despidos masivos”, advirtó.
Siguiendo el análisis, en el contexto actual la velocidad de la asistencia crediticia a las pyme es crítica: el sábado, la entidad monetaria que preside Miguel Pesce informó que las entidades financieras acumularon una inyección de $ 29.545 millones al capital de trabajo de las pyme, pero este monto alcanza para cubrir por el momento las necesidades de apenas el 2,7% de las pyme promedio de menos de cincuenta empleados.
“Esta escasez, junto con el escaso poder de fuego debido a los problemas de implementación en un marco de alta informalidad, dificultan la capilaridad de las asistencias: al no contar con historial crediticio, a muchas pyme les toma tiempo conseguir la garantía del Estado para acceder al financiamiento”, explicó la consultora.
En ese sentido, señaló que una posibilidad para mejorar este escenario es que la entidad monetaria cambie de estrategia. “El otorgamiento de crédito vía venta de Leliq podría ser reemplazado por una inyección directa de capital a las instituciones a través de redescuentos. De esta forma, se solidificaría la posición patrimonial de los bancos, los cuales podrían tolerar eventuales mayores índices de morosidad de los nuevos créditos asistidos”, indicó.
Fuente: El Economista