David Mottura – motturad@lmneuquen.com.ar
El precio del petróleo, con sus vaivenes, siempre fue fruto de discusión política. Los años 2008, con el boom de los precios, y el 2016, con el desplome, estuvieron marcados por negociaciones entre empresas, gobierno nacional y provincias.
La historia reciente nos ubica en 2002, después del estallido económico, político y social de diciembre de 2001. El presidente interino Eduardo Duhalde aplicó una serie de medidas para sacar del default al país, entre ellas la polémica pesificación de los ahorros en dólares. Así, determinó el primer desacople de los precios del petróleo con las referencias internacionales en la búsqueda de captar dólares a través del petróleo. Los derechos a la exportación o retenciones se establecieron en 20%.
Luego llegaría a la presidencia Néstor Kirchner, quien ratificó el esquema de retenciones y elevó la apuesta a un 25%. En aquella época, el precio del petróleo crecía cada vez más. En la Argentina, le hacía competencia a la soja como commodity generador de divisas.
La provincia más atenta a estos movimientos en la política era Chubut, que llegó a exportar el 40% de su producción pero con los sucesivos cambios en la industria ese porcentaje se achicó cada vez más. La apuesta para 2020 es que Vaca Muerta pueda seguir ganando en productividad para atraer más inversiones y explorar la veta exportadora para el shale oil neuquino.
Antes de dejar la Casa Rosada, Kirchner firmó la resolución 394/2007: se creaban las retenciones móviles. Las petroleras ganaban 42 dólares por barril, la diferencia con los valores internacionales -había tocado 140 dólares- quedaba para el gobierno nacional. En uno de sus considerandos, la normativa señalaba que “el Estado nacional debe procurar captar las rentas extraordinarias que se generan en diferentes sectores de actividad, en especial cuando se trata de recursos naturales no renovables”.
Tras varias negociaciones con las operadoras, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aplicó el programa Petróleo Plus. Las empresas que tuvieran récords de producción y recuperaran reservas a través de exploración, con lo cual podían reclamar certificados de crédito fiscal. Cuando en 2010 se ratificaron el precio de corte de 42 dólares, se lanzó Petróleo Plus 2.
El 16 de abril de 2012, Fernández de Kirchner anunció la expropiación de las acciones de Repsol para que YPF quede bajo el mando del Estado nacional. El objetivo era darle una nueva impronta a la compañía, tras las quejas de la española no cumplía con objetivos de producción y exploración, llevando sus reservas y recursos -como los de la entonces inexplorada Vaca Muerta- a la bolsa para mejorar el precio de sus acciones.
El gobierno nacional reconoció la crisis energética y apuntó al autoabastecimiento de petróleo y gas, por lo que envió la Ley de Soberanía Energética al Congreso. El valor de corte pasó a 70 dólares por barril exportado y el valor de referencia internacional se consideró en 80 dólares. El crudo que se miraba era el WTI, el que se produce en Texas y Oklahoma, en tanto que actualmente es el Brent, del Mar del Norte europeo.
A lo largo del 2014, y mientras se discutía una reforma a la Ley Nacional de Hidrocarburos, la Nación fijó un nuevo modelo de retenciones: si el precio mundial era menor a 80 dólares, las retenciones serían del 13%; si estaban por debajo de 75 dólares, serían del 11,50%; en tanto si baja de los 70 dólares las retenciones aplicadas serán del 10%. Pero luego vino la caída de los precios y la paradoja: el precio de corte era más alto que la cotización mundial.
Con la caída de los precios, las referencias internacionales tocaron los 46 dólares. De este modo, en 2015 la alícuota de retención quedó en un simbólico 1% si el precio internacional del barril seguía por debajo de 71 dólares. Si iba por encima, se aplica una fórmula polinómica descrita en la Resolución 1077/2014 (que deroga a aquella 394 de 2007 firmada por Kirchner).
En los considerandos se planteaba: “el contexto internacional del mercado de hidrocarburos ha generado un alto grado de variabilidad en el nivel de precios del petróleo crudo y sus derivados, haciendo necesario atenuar su impacto sobre el nivel de actividad y empleo local”.
Mauricio Macri llegó a la presidencia el 10 de diciembre de 2015 y creó el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren. Estableció el “barril criollo”, donde el Escalante (el crudo de Chubut) cotizaba a 54,90 dólares y el Medanito (el de Neuquén) entre 67 y 68 dólares. Este precio sostén se mantenía siempre que la referencia Brent esté por debajo de los 47,50 dólares. Mientras tanto, el objetivo era disminuir al máximo los subsidios a la industria.
Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se estableció que la alícuota de derechos de exportación no podía superar los cuatro pesos por dólar. Antes, las retenciones estaban en 12% por un decreto del 2018. Entre la norma y el límite, las retenciones quedaron en 6,7%.
La ley del presidente Alberto Fernández con la finalidad de reactivar la economía también se relacionó con la crisis petrolera, agudizada tras el DNU 566 de Macri que le puso un techo al barril interno (que rondó entre los 50 y 55 dólares, tras varias negociaciones). Una de las modificaciones que prosperó fue la de establecer las retenciones en 8% y no en 12% como estaba pensado en un primer momento.
“Que haya quedado topeada en el 8 y no en 12 es una señal muy clara para la industria, para afianzar y fortalecer la inversión el desarrollo de este gran polo energético, social e industrial que es Vaca Muerta”, dijo el gobernador neuquino Omar Gutiérrez.
Fuente: E+ – La Mañana de Neuquén
