Por Andrés Asiain (*).
La economía argentina entra al año electoral con todos sus motores pinchados. El deterioro del consumo por una inflación que le gana a los ingresos se expresa en la baja de las ventas de los locales comerciales (-9,5% interanual en septiembre). La inversión privada, acorralada entre la incertidumbre cambiaria, las altas tasas y el derrumbe del mercado doméstico sufrió una contracción del 11,2% en el tercer trimestre del año.
El programa de ajuste acordado con el FMI y plasmado en el presupuesto, proyecta una reducción adicional del gasto y la inversión pública. Respecto a ésta última, el reciente anuncio de una paralización de los PPP muestra que el ajuste en las partidas de obra pública difícilmente sea sustituido por una mayor contribución financiera del sector privado.
Semejante panorama pone en duda la continuidad del ciclo corto político de los últimos años, marcado por recesiones en años pares (no electorales) acompañadas de breves repuntes en los años impares electorales. La respuesta al interrogante dependerá de que acuerde el Gobierno con el FMI en marzo del año que viene, especialmente en lo que hace a la política cambiaria y de reservas.
Las metas de reservas firmadas con el FMI se establecen hasta marzo de 2019 (cumplibles por el swap de China y el cronograma de desembolsos del fondo), la pregunta es si se mantienen las proyecciones de reservas hacia adelante, o si se relajan. Una pregunta relevante dado que cualquier escenario realista de fuga de capitales (más en un año electoral) indican que las reservas al momento del cambio de gestión, serán bastante menores a los u$s 52.500 millones previstos inicialmente por el organismo.
Si el Gobierno logra acordar con el FMI metas de reservas relajada (o directamente las elimina del acuerdo, como hizo en el segundo acuerdo con la meta de inflación), ello le permite intervenir en el mercado de cambios estabilizando el valor del dólar. Una política clave para evitar una nueva disparada de la inflación y llegar a octubre con una economía relativamente ordenada. Por el contrario, si el FMI mantiene una meta exigente de reservas, el Gobierno se va a ver en la obligación de optar entre sostener las reservas dejando que el dólar se dispare, o bien incumplir el acuerdo y solicitar un nuevo waiver.
Cabe señalar que ninguna de las dos opciones es halagadora. Un nuevo incumplimiento del acuerdo en la previa de las elecciones puede acelerar la corrida cambiaria y el deterioro de la situación externa de la economía. Por otra parte, una brusca suba del dólar también generaría incertidumbre cambiaria y fuga de capitales, más una aceleración de la inflación con el consiguiente deterioro de la situación socioeconómica.
Aun así, el oficialismo tiene una serie de cajas por fuera del presupuesto para intentar forjar cierta recuperación de la actividad. En 2017 (año impar electoral) reorientó fondos del FGS del ANSES hacia préstamos personales por $ 61.000 millones, que actualmente alcanzan los $ 85.769 millones. Si consideramos que los vencimientos de bonos públicos que posee el FGS superan los $ 200.000 millones, entendemos que el Gobierno podrá disponer de, al menos, $ 100.000 millones a fin de duplicar los créditos personales otorgados. Ello implicaría una inyección de demanda equivalente al 2,4% del presupuesto nacional. Combinado con políticas de descuentos de bancos públicos (recordemos el 50% de descuento en supermercados del Banco Provincia), el Gobierno podría lograr cierto estímulo a la economía en la previa electoral, aún bajo el actual esquema de múltiples restricciones fiscales y monetarias.
* Director CESO
Fuente: Ambito.com