El gobierno radical se esforzó por afianzar las normas de vida democrática, por fomentar el pluralismo, la libertad de expresión, la autonomía de las universidades y la independencia de los poderes del Estado. En 1985, mediante un referéndum popular no vinculante, la ciudadanía se pronunció por abrumadora mayoría en favor de un acuerdo pacífico con Chile en el problema del Beagle.
Los argentinos también dieron la bienvenida a las leyes de divorcio y de patria potestad compartida. En cambio, no mostraron interés por las propuestas de reformar la Constitución y de trasladar la Capital Federal al Sur del país. El primer proyecto, concebido con la idea de habilitar su reelección, reflejó las intenciones de Raúl Alfonsín de fundar un «tercer movimiento histórico».
Bernardo Grinspun, primer ministro de Economía de la gestión alfonsinista, trató de reactivar la economía y de detener la inflación con métodos ortodoxos. Con el propósito de ayudar a las familias más pobres, se estableció el Programa Alimentario Nacional (PAN), que funcionó hasta 1989. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la obtención de créditos implicaron la aplicación de un ajuste monetario intolerable.
En diciembre de 1984 el índice de precios aumentó el 20 por ciento; en febrero de 1985 Juan Vital Sourrouille reemplazó a Grinspun y, en junio, el nuevo ministro lanzó el Plan Austral. Este programa, entre otras cosas, decidió el cambio de moneda, diseñó un mecanismo desindexatorio y afirmó el compromiso de no volver a emitir para financiar el déficit fiscal.
El Plan Austral contenía cinco puntos fundamentales:
1. El congelamiento de los precios, de las tarifas de los servicios públicos y de los salarios al día 12 de junio de 1985. En el caso de las tarifas de los servicios públicos, se realizó un fuerte reajuste antes del congelamiento.
2. La reducción de las tasas de interés a niveles más bajos respecto de las existentes en ese momento. Así, las tasas para depósitos se redujeron del 28 % al 4 %, mientras que para los préstamos la reducción fue del 30 % al 6 %.
3. La implementación de una política monetaria y fiscal más severa y restrictiva (mayor control del gasto público y de la circulación monetaria).
4. La devaluación del peso en forma simultánea al incremento de las retenciones a las exportaciones (es decir, el gobierno se apropió de las ganancias de la devaluación). De este modo, el tipo de cambio fue fijado a razón de 80 centavos de austral por dólar, y se procedió a su congelamiento.
5. El cambio de la moneda: la eliminación de los anteriores pesos y su reemplazo por el austral.
Uno de los problemas que provocó el cambio de la moneda era que existían contratos firmados con anterioridad al lanzamiento del Plan, con cláusulas de indexación automática fijadas sobre la base de las tasas de inflación previas al congelamiento. Mantener esas cláusulas hubiera implicado la transferencia de ingresos a favor de acreedores, contratistas y locatarios, en tanto los deudores deberían seguir pagando como si la inflación mantuviera el mismo ritmo.
Ante este problema se resolvió la creación de una nueva moneda: el austral. De este modo, todos los pagos a término existentes por contrato debían ser convenidos a la nueva moneda pero siguiendo una regla de depreciación (denominada «desagio«) que iba reduciendo progresivamente el valor del viejo peso en relación con el austral.
El Plan Austral funcionó durante el resto del año, pero las metas acordadas con el FMI causaron serios desequilibrios en el presupuesto sólo en lo concerniente al pago de los intereses de una deuda externa abismal. Resultó imposible controlar el gasto de las provincias (la mayoría en manos peronistas) y de las empresas públicas. La gestión económica también se vio entorpecida por la oposición de los oligopolios, los monopolios y el sindicalismo.
El Senado vetó una ley que buscaba democratizar el movimiento obrero y liberarlo de su estructura corporativista. La CGT, que durante la dictadura militar había estado dividida en dos ramas, se unificó bajo el liderazgo de su secretario general, el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, y ejerció presión desestabilizadora a través de catorce paros generales y otras tantas movilizaciones.
El mercado internacional no favoreció los ingresos del Tesoro, debido a la brusca caída de los precios de granos y oleaginosas en 1986 y 1987.
A partir del 1987, el gobierno radical vio significativamente imitada su capacidad de acción. A las sublevaciones militares de enero y diciembre de 1988, que acentuaron la capacita: de presión de las Fuerzas Armadas, se agregó el triunfo electoral justicialista de 1987 (que quitó al radicalismo el control del Parlamento y de los gobiernos de varias provincias inflación y la oposición de los sindicatos. En efecto, la cada vez más aguda crisis económica fortaleció a los sindicalistas de la CGT, que presionaron al gobierno con marchas y huelgas generales para conseguir aumentos en los salarios, y llegaron incluso a reclamar la renuncia del Presidente.
En agosto de 1988 se lanzó el llamado Plan Primavera que no trajo alivio alguno. Una severa sequía veraniega restringió la alimentación eléctrica en todo el país y, en consecuencia, afectó la actividad industrial y causó malestar en la población.
Fuente: historiaybiografias.com
