El apoyo al sector de la innovación se había convertido en una política de Estado: la Ley de Software fue promulgada en 2004, prorrogada seis años más tarde y finalizaba en diciembre 2019. Sobrevivió a tres gobiernos.
Poco antes de que venciera, la administración de Mauricio Macri impulsó una nueva norma que empalmaba con ese régimen y lo ampliaba: no sólo contemplaba a empresas informáticas, sino también a las del “Conocimiento“. Es decir, se incluyeron a los rubros: servicios profesionales, disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) e industria cultural.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado el año pasado y todas las empresas del sector se preparaban para inscribirse en el nuevo registro y acceder a múltiples beneficios. Sin embargo, ocurrieron los siguientes imprevistos:
- La administración de Alberto Fernández consideró que esa ley “dejaba afuera” a las pequeñas y medianas firmas
- En virtud de ello, frenó su vigencia y la Secretaría del Conocimiento, encabezada por María Apólito, comenzó el trazado del nuevo borrador
- Si bien la iniciativa de ley fue aprobada en Diputados, lo cierto es que sigue en “stand by” esperando que se trate en Senadores
Así, la ley que debía estar vigente desde marzo quedó postergada (para algunos cajoneada), haciendo naufragar en un mar de incertidumbres a un sector que factura más de u$s3.000 millones anuales (y más de u$s7.000 millones si se suman otras unidades de negocios).
Pero que tiene un potencial mucho mayor. La Cámara de Empresas del Software y Servicios Informáticos (CESSI) publicó un informe recientemente en el que afirma que la pausa de la ley pondría en riesgo los siguientes objetivos para los próximos años:
- 500.000 puestos de trabajo
- u$s20.000 millones de facturación al año
- u$s10.000 millones de exportaciones anuales
En contra
“El Ministerio de Producción quiere que se trate. Los empresarios queremos que se trate. Es increíble cómo sigue parada en el Congreso“, advierte a iProUP una fuente muy escuchada dentro de las empresas del Conocimiento.
El efecto, el titular de la cartera, Matías Kulfas señaló en el dictamen en Comisiones de la Cámara Baja que “es necesario tener la ley lo antes posible”, ya que “es prioridad la generación de empleo de calidad y el desarrollo productivo”.
El presidente de la CESSI, Sergio Candelo, revela a iProUP que, si bien estaba todo dado, la Ley de Solidaridad impactó de lleno en los beneficios impositivos previstos en la Ley de Economía del Conocimiento, cambió el mínimo no imponible y hasta la dejó sin sentido.
“No entendemos por qué (Martín) Lousteau, senador por la UCR, pidió que vuelva a contemplarse que se realice un formato de beneficio de número fijo. Para nosotros eso es malo, queremos que sea proporcional, ya que permite contratar gente de más seniority”, lamenta Candelo, en alusión a la propuesta de “topear” la devolución de aportes patronales como crédito fiscal.
“Además, si se acepta un cambio en este momento, tendría que volver a Diputados y sería como arrancar otra vez”, expresa.
El presidente de la CESSI afirma: “Todos los legisladores con los que hablamos nos dicen que están de acuerdo en que esta ley debiera aprobarse, ya que se trata de una rama de actividad que puede hacer crecer la economía y es una fuente genuina de exportaciones”.
“Para las empresas que ya eran beneficiarias de la Ley del Software, como venció su aplicación el 31 de diciembre, las consecuencias que surgen a partir de la demora por parte del Senado tienen que ver con un período gris en el que todos los beneficios que regían quedaron congelados“, cuenta a iProUP Juan Pablo Tricarico, representante institucional de Amdia.
Y añade: “Recordemos que esos beneficios ya estaban previstos. Esto genera una distorsión importante para los negocios”. Germán Viceconti, gerente de NeuralSoft, mantiene una luz de esperanza: “Si al momento de aprobarla y reglamentarla se hace retroactiva, entonces habrá sido solo un problema financiero”, dice el directivo.
En su visión, se transita una etapa en la cual la toma de decisiones resulta muy complicada, ya que al contar con la norma se hace difícil generar previsiones para invertir.
“Es la evolución de la ley de Software, cuenta con unanimidad, no se entiende por qué no termina de salir. Sobre todo si se tiene en cuenta que somos el sector que más creció en los últimos años, en proporción, en cuanto a puestos de trabajo“, agrega Viceconti.
Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, alerta a iProUP que “Argentina sigue perdiendo negocios globales cada día que pasa, por carecer de seguridad vinculada a las condiciones en las que se va a desenvolver el sector“.
“La incertidumbre normativa, unida a la inestabilidad macroeconómica, agrava la tendencia a que muchas empresas de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes, proyecten su desarrollo fuera de Argentina, instalándose en países vecinos -como Uruguay– que les ofrecen marcos de desarrollo más previsibles y favorables”, completa.
Fuente: iProUp
