“Los sueldos se pudieron pagar anticipando recursos, se fue haciendo magia. Pero este mes terminó de explotar”. (Alejandro Garzonio, Ministro de Economía y Crédito Público de Chubut, ocho días después de asumir el cargo.)
El ground zero del incipiente temblor financiero que amenaza a nuestro país quizás no se encuentre en la avenida Hipólito Yrigoyen 250 (sede del Ministerio de Finanzas de la Nación, que durante el mes de febrero nos endeudó en $128.000 millones de pesos mediante bonos con cláusula gatillo y plazos exiguos de entre doce meses y cuatro años porque el mercado ya no quiere prestarnos dólares a “la tasa más baja de la historia”), o en la calle Reconquista 266 (sede del Banco Central de la República Argentina, que esta semana necesitó vender US$ 350 millones para evitar que la “flotación libre” del dólar deviniera libertinaje), sino en la avenida 25 de Mayo 550 de la ciudad de Rawson, donde tiene su despacho el contador Alejandro Garzonio, quien el martes pasado, ocho días después de jurar el cargo de Ministro de Economía y Crédito Público de la provincia de Chubut y prometer “como objetivo principal que se paguen los sueldos”, anunció que su “primera medida” sería pagarlos escalonadamente con retrasos de entre diez y veintitrés días.
No puede descartarse que el truco de magia que le permitió a su antecesor pagar esos salarios con menos demora durante algunos meses haya sido una porción del saldo no aplicado a los fines previstos legalmente de los US$ 650 millones que la provincia recibió a cambio de los bonos a diez años de plazo, denominados en dólares, garantizados con regalías hidrocarburíferas y regidos por la ley de Nueva York, que logró colocar en los mercados internacionales de crédito en julio de 2016, cuando todavía la gobernaba Mario Das Neves y perduraba el entusiasmo inversor por el arreglo del gobierno nacional con los fondos buitre.
La Ley Provincial VII 72 autorizó dicho endeudamiento bajo la condición de que la mitad del dinero obtenido se utilizase para refinanciar pasivos; la otra mitad debía servir para financiar obras provinciales (34%) y municipales (16%). Pero según un informe del 13 de septiembre de 2017 de FixScr S.A., una de las dos empresas calificadoras de riesgo contratadas por el gobierno provincial para evaluar el perfil de riesgo de su deuda pública, ninguno de los dos objetivos contemplados en la autorización legal se cumplió del todo.
Respecto del primero, el informe de la calificadora reconoce que “la emisión no redujo el nivel de endeudamiento debido a que, si bien por ley debía destinarse el 50% a este fin, se utilizó un 47% para cancelar deuda que no se encontraba registrada”. A causa de ello, en lugar de que la operación tuviera un impacto por lo menos neutro en el volumen de la deuda pública de Chubut, esta se incrementó en un 140% y pasó de representar del 49% al 94% de los ingresos corrientes de la provincia en 2016. En cuanto al segundo fin, el informe explica que en el año transcurrido desde la emisión de los bonos, sólo se utilizaron para obras de infraestructura US$ 144 millones de los US$ 325 millones previstos en la legislación. La calificadora, lógicamente más preocupada por el bienestar de los inversores que por la voluntad de los legisladores, considera que la demora en concretar las obras prometidas y cumplir el mandato legal fue beneficiosa para la provincia porque le “permitió una recuperación de los niveles de liquidez”, aunque advierte que volverán a empeorar “en la medida que avancen las ejecuciones de las obras planificadas”.
Chubut es una de las seis provincias argentinas que en la primera mitad de 2016 emitieron títulos de deuda en dólares bajo ley de Nueva York por un total de US$ 4.989 millones, a plazos de ocho o más años, y con una tasa de interés anual que oscila entre 7,5% y 9,1% (7,75% en el caso de los bonos de Chubut). Sus gobernantes habrán confiado en que obligarse a pagar un rendimiento tan alto en moneda extranjera no sería un problema después que llegaran el segundo semestre prometido por el presidente Macri y el crecimiento sostenido al 4,5% anual presupuestado por el entonces ministro Prat-Gay, que, dos años más tarde, aún seguimos aguardando.
El deterioro de todas las variables económicas relevantes padecido desde que gobierna Macri ha perjudicado severamente las cuentas de Chubut. Por ejemplo, el superavit operativo de 3,6% conseguido por la provincia en 2015 se convirtió en un déficit de 3% en 2016, que se hunde hasta 6% cuando se agregan los pagos de los intereses de su deuda pública. El brusco viraje negativo se explica por el aumento insuficiente de los principales ingresos de la provincia —regalías hidrocarburíferas, impuesto a los ingresos brutos, impuestos federales coparticipables— en porcentajes muy inferiores a la inflación.
Los grandes tenedores de la deuda de Chubut, empezando por los bancos internacionales, no ignoran dicho balance, y por eso el precio de sus bonos se desplomó 7 % a fines de enero, tras difundirse que el gobernador Daniel Arcioni pediría autorización de la legislatura para “avanzar en una reestructuración de la deuda”, y no volvió a recuperarse a pesar de que en menos de 24 horas un comunicado oficial de la gobernación aclaró que Arcioni había querido decir “refinanciación”. Dada la situación crítica de las finanzas provinciales, es comprensible que los inversores interpretaran la gaffe del gobernador por lo menos como un acto fallido. Sobre todo porque la amable refinanciación que el gobernador pretende sería imposible de implementar en la práctica por dos razones: los inversores internacionales no comprarían un nuevo bono de Chubut con una tasa inferior a 9%, que es el rendimiento implícito en el precio actual de los bonos emitidos en 2016, y los tenedores de los bonos de 2016 carecen de un incentivo convincente para aceptar un canje voluntario desventajoso porque, para conseguir un punto menos de tasa, la provincia cedió en garantía un porcentaje de sus regalías hidrocarburíferas que la concesionaria debe transferir directamente a una cuenta controlada por un fiduciario en beneficio de los tenedores, lo cual minimiza el riesgo de que Chubut suspenda unilateralmente los pagos.
Como el gobierno de Chubut no quiere reestructurar y no puede refinanciar su deuda externa, y la ayuda extraordinaria que recibe del gobierno nacional se limita al mínimo necesario para erradicar las penurias económicas de la provincia, sus máximas autoridades parecen haberse resignado a implementar un progresivo default interno. A juzgar por su primera medida, el nuevo Ministro de Economía y Crédito Público es el hombre adecuado para ejecutar esa faena.
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Autor: Sebastían Soler
Imagen: Diario Crónica
